Manifest pel dret de les dones a decidir

En relació al post anterior i, per tal, que tothom es pugui situar i entendre el perquè, adjunto un enllaç a la notícia La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez del passat 12 de gener.

A la mateixa notícia es fa una mena de resum del "problema": "Una asociación llamada La Vida Importa interpuso una denuncia contra varias clínicas madrileñas por cómo gestionaban los residuos clínicos y orgánicos. Era 2006. En febrero de 2007, el Seprona fue a hacer una inspección a Isadora, en Madrid. Allí había varios contenedores que iban a ser retirados por la empresa contratada por la clínica para eliminar los residuos. Los agentes impidieron que se los llevaran y volvieron al cabo de días para recogerlos -rompiéndose así la cadena de frío necesaria para la conservación de estos restos-.El 16 de febrero, el Seprona pidió al juzgado de Instrucción de guardia de Madrid (el número 6 ese día) que mandara analizar los contenedores. Alegaban una presunta "eliminación ilegal de estos humanos". El juez lo denegó por una "total carencia del más mínimo fundamento jurídico".Cuatro días después, el 21, el Seprona volvió a los juzgados y alegó que habían encontrado "restos humanos de entidad importante procedentes de los abortos". Esta vez el tema recayó en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que sí abrió diligencias. Pidió que se analizaran los restos. El Instituto Anatómico Forense determinó, según señala el abogado de Isadora, Javier Martínez, que los nueve fetos que estudió -los que a la Guardia Civil le habían parecido de "entidad importante"- no excedían de las 22 semanas, plazo para el que la clínica tiene autorización para practicar abortos.Pero el juez, José Sierra Fernández, sigue investigando. Pidió a la clínica todos los historiales médicos de las mujeres que habían abortado allí durante los días en los que se guardaron los residuos que fueron incautados por el Seprona. Ahora las está llamando a declarar a todas. Son unas 25 mujeres. A la casa de una ellas fue la propia Guardia Civil a citarla.El juez ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones. Ninguna persona de la clínica Isadora ha sido llamada a declarar y no hay imputados.

Arran d'això hi ha hagut registres, detencions, tancament d'alguna clínica privada, etc. El passat 16 de gener, a Madrid, es va fer públic aquest manifest que signaven diferents entitats i que acabava convocant a una concentració.

MANIFIESTO POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

Madrid, 16 de enero, 2008

Las recientes actuaciones judiciales que han llevado al cuerpo del “Seprona” de la Guardia Civil a entrar en casa de las mujeres para citarlas a declarar, ha generado una situación de indignación, estupor y alarma social. No sólo porque representa una vulneración de su intimidad, sino por la criminalización que supone el tratamiento como delincuentes a mujeres que lo único que han hecho es ejercer un derecho que las asiste: interrumpir un embarazo no deseado dentro de los supuestos que establece la ley.

Ante todo, queremos manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con estas mujeres, y con la situación de indefensión y temor que han vivido. Vemos en la persecución y el atropello que han sufrido un ataque a todas, una amenaza al derecho a decidir de las mujeres.

Lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las que la libertad brillaba por su ausencia, y creemos que requiere una respuesta contundente e inmediata de los distintos poderes públicos para preservar la integridad de las mujeres.

Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales, las amenazas que sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección, las agresiones tanto físicas como verbales a las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, responden a una violenta campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos. No han dudado para ello en utilizar la intimidación, la violencia, la mentira y el insulto, todo para intentar imponer su modelo de familia que conculca la libertad de las mujeres y se basa en el control de su sexualidad.

Esto adquiere mayor gravedad al estar estos grupos apoyados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que los financia con dinero público y permite y alienta sus actuaciones. Asimismo el gobierno de la Comunidad se desentiende de la prestación pública del aborto y obstaculiza de forma sistemática el trabajo de las clínicas autorizadas para su práctica.

Exigimos a todas las instituciones el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y que apliquen medidas que los garanticen.

Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, de modo que deje de estar considerado como delito en el Código Penal, acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado. Además, exigimos que la nueva normativa garantice y respete el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que estas interrupciones se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública.

Exigimos que este cambio vaya acompañado de medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social.