"La Red por las Libertades y el Dialogo considera inadmisibles las brutales condenas recaídas sobre ciudadanas y ciudadanos vascos, por su presunta pertenencia o colaboración con organización terrorista, que no está basada en hechos concretos, sino en supuestas conexiones por el hecho de ejercer la libertad de opinión y asociación.
La tramitación del macro-sumario 18/98 ha estado llena de irregularidades desde su fase de instrucción, cambiando la garantista presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. La vista oral, que ha durado casi 18 meses, y que ha significado un castigo añadido para los procesados, no ha estado exenta tampoco de numerosos defectos que han provocado indefensión, como a lo largo de la misma ha sido denunciado.
La conclusión del proceso tenía que estar en consonancia con todo lo visto anteriormente; y así, en lugar de citar a los procesados para darles a conocer la sentencia, se ha producido una redada injustificada, con la detención de todos y cada uno de los condenados, sin que previamente hayan podido conocer su condena, que todavía no se ha hecho pública.
Lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación es que el tribunal, incluso, ha aumentado las penas solicitadas por el fiscal, al calor del clima político-social creado tras la rechazable ruptura del alto el fuego de ETA, lo que constituye un hecho insólito. Estas condenas, no por hechos considerados delictivos (como podría ser un atentado), sino por supuestas coincidencias estratégicas, sientan un precedente sobre la figura delictiva del "entorno de organización terrorista". A partir de este proceso, cualquier persona u organización que tenga coincidencias con planteamientos de alguna organización considerada delictiva, automáticamente podrá ser procesada y condenada.
La conclusión del proceso 18/98 es la muestra del alarmante recorte de las libertades que se está produciendo en nuestro país, al haber sido condenados, a largos años de cárcel, a personas por el simple hecho de haber ejercido su derecho de expresión y asociación, (y no por la comisión de posibles actos delictivos, que no figuran en ninguno de los miles de folios del sumario). Si a esto sumamos la legislación excepcional, y su aplicación no menos excepcional (como la terrorista, y la ley de Partidos), podemos afirmar que se está poniendo en juego el sistema de libertades y derechos que tímida e incompletamente se restauró tras la muerte del dictador.
No es sólo la actividad violenta de ETA la que se trata de perseguir y castigar. Se está persiguiendo el derecho de opinión, expresión y organización, de todas aquellas personas y grupos que no interesan al poder económico y político. Y esto no sólo sucede en Euskadi, sino que se está extendiendo a toda la geografía española. Si ETA mata a una persona, se trata de un acto terrorista. Si un nazi mata a un antifascista en Madrid, se trata de una pelea entre tribus urbanas, convirtiendo al entorno de la víctima en más peligroso que el de su verdugo. Esta es la situación en la que tratan de meter a todos los que actúan para acabar con las injusticias y desigualdades de esta sociedad. Serán acusados de violentos y terroristas, aunque estén comprometidos en acciones de no-violencia, como ha ocurrido con algunos de los condenados del 18/98.
Seguimos convencidos de que el llamado conflicto vasco sólo se podrá superar con diálogo y negociación. Ni la vulneración de derechos y libertades, ni las condenas injustas, ni la violencia sin sentido de ETA (que, según las noticias, ha vuelto a causar dos víctimas, una de ellas mortal), acercarán la necesaria paz que exige la sociedad de Euskal Herría y del resto del Estado.
Ante esta situación los movimientos sociales y políticos estamos llamados a actuar. Se está cuestionando el ejercicio de la libertad y la posibilidad de luchar. Y hoy más que nunca hay que recordar aquellos versos de Brecht, que podríamos actualizar de esta manera: "Fueron a por un abertzale, y no me afectaba; fueron a por un anti-fascista, y no me afectaba.."
Por la Paz y el Dialogo, en nuestro nombre sí.
Madrid, 1 de diciembre de 2007"
Un informe internacional titlla d’inconstitucionals els tancaments dels diaris Egin i Egunkaria
Un informe elaborat per quatre juristes internacionals ha arribat a la conclusió que el tancament dels mitjans de comunicació Egin, Egin Irratia i Euskaldunon Egunkaria és inconstitucional, segons una informació publicada pel diari digital Eldebat.cat. L’informe, elaborat pels professors de dret Juan Luis Gómez Colomer (Universitat de Castelló); Kai Ambos (Universitat de Göttingen); Luis P. Salas Calero (Universitat Internacional de Florida); i John Vervaele (Universitat d’Utrecht), exposa que el tancament d’aquests mitjans vulnera l’article 20 de la Constitució espanyola i els articles 10 i 15 del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH).
El treball, elaborat a instàncies de la Direcció de Drets Humans de la Conselleria de Justícia del Govern basc, especifica que la llibertat d’expressió és un dret fonamental que està emparat tant per la Constitució espanyola (en el seu article 20) com pel CEDH. El tancament, a banda de ser una mesura «desproporcionada i innecessària», es considera un atac intolerable perquè sacrifica el dret a la llibertat d’expressió tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu i vulnera el dret a rebre informació i a conèixer l’expressió del pensament aliè.
La mesura adoptada per la Justícia espanyola, segons els quatre juristes que signen l’estudi, està fora de la legalitat, perquè la Constitució només preveu la suspensió del dret a la llibertat d’expressió en casos d’estat d’excepció, però no pas en els de terrorisme. El diari Egin, i la seva emissora Egin Irratia, van ser clausurats pel magistrat de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón l’any 1998. Poc després, va aparèixer Gara, per omplir el buit informatiu dins l’esquerra abertzale. Egunkaria va ser tancat pel jutge Juan del Olmo l’any 2003 i va ser substituït per Berria.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada